12/5/09

Caso UIS: Cláusula de Conciencia

La grabación de una conversación telefónica entre el rector de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Jaime Alberto Camacho Pico, y un presunto "paramilitar" que le solicita un listado de estudiantes y profesores para ejecutar un "plan pistola" (atentados homicidas) contra ellos, es un asunto de extrema gravedad que debe ser aclarado tanto por el directivo como por las autoridades judiciales. El primero ha dado unas explicaciones que no acaban de convencer del todo, mientras que de las autoridades aún se espera un pronunciamiento.
Además de este delicado hecho, hay otro que nos concierne como comunicadores sociales. Se trata de la denuncia del equipo de televisión de la UIS sobre la presión de las directivas para que realizaran grabaciones ocultas de las personas que participaran de las protestas en la institución educativa, con el propósito evidente de identificarlas y tomar alguna acción. Aunque el derecho a la protesta de los estudiantes a veces se exceda o sea aprovechado por infiltrados para causar daños en los bienes de la universidad, lo cual es criticable y es comprensible que la institución trate de protegerse, resulta inaceptable que a los comunicadores -asignados a labores informativas a través de la televisión institucional- se les impongan tareas "de inteligencia" que no les corresponden, exponiéndolos además al peligro que ello implica para su integridad personal.
La vigilancia encubierta no es función de los comunicadores sociales y menos aún por la historia de violencia ligada a este tipo de prácticas en el país.
La actitud del grupo de televisión de la UIS -que en principio se negó a cumplir esa directiva y cuando se vio forzado a hacerlo, dejó constancia escrita de su inconformidad con tal orden- es la que corresponde a los profesionales de la comunicación que se guían por la ética del oficio. En cambio, la exigencia de las directivas de la universidad en tal sentido vulnera los principios éticos de los comunicadores y rebasa las obligaciones que tienen éstos por su vínculo laboral con la institución.
Si esta negativa basada en la ética de los comunicadores fue el motivo para su posterior desvinculación de la universidad, estamos ante una acción injusta y arbitraria por parte de los directivos de la UIS que así procedieron.
La Constitución Nacional, en su artículo 73, consagra la independencia profesional del periodista en los siguientes términos: "La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional". A su vez, el Código de Ética y Responsabilidad del Periodista, del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), señala en su artículo décimo: "El periodista tiene la obligación moral de actuar de acuerdo con su conciencia y no puede ser sancionado por ello. En consecuencia, las empresas periodísticas no podrán aplicar sanción o desmejoramiento laboral por el cumplimiento de este deber ético en el ejercicio profesional".
Al comentar el alcance del artículo 73 de la Constitución, María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo anotan: "Esta norma es un mandato constitucional para establecer por ley la cláusula de conciencia, la cual protege con repercusiones laborales la necesaria independencia del periodista del medio en que trabaja. La cláusula de conciencia es, en efecto, el derecho que tiene todo periodista a no ejercer actividad periodística alguna en contra de sus principios y a no ser sancionado laboralmente por ello. En caso de despido, el respectivo medio debe darle las indemnizaciones correspondientes al despido injusto". (Ética para Periodistas, 2ª edición, TM Editores, pag. 129).
Es claro que esta norma se aplica por igual si el periodista labora en un medio de comunicación comercial (empresa periodística privada), estatal (empresa periodística pública) o en medios institucionales con funciones informativas, como en este caso, la televisión universitaria.
"Las bases fundamentales del ejercicio profesional del periodista -de acuerdo con Herrán y Restrepo- son dos: suministrarle información a la comunidad en que actúa, de manera veraz, objetiva y oportuna; y ponerse al servicio del bien común. Sus obligaciones para con la empresa deben entonces supeditarse a esas dos responsabilidades máximas, que ningún interés particular de ésta puede vulnerar. Cualquier presión ejercida por la empresa, que impida el cumplimiento de esos objetivos de la ética profesional, es inaceptable" (ibid, pág. 60).
La Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander (CPS) le ha pedido al rector de la UIS respuestas sobre este caso específico. Considero que el rector está en la obligación de darlas y, si es el del caso, aceptar el error en que incurrieron las directivas y enmendar el daño causado a los comunicadores sociales que fueron desvinculados de la universidad.

1 comentario:

juan luis dijo...

He leído tantos artículos de actitudes vergozosas de Directivos, Políticos y Fuerzas Armadas, que cada día este país se iguala al del General Augusto Pinochet Iriarte. Con la diferencia que este militar arregló Chile, a costa de 5.000 muertos y desaparecidos. Esa cifra es alarmante, pero ¿cuantos mueren y desaparecen en un mes acá en éste "Estado Democrático"? La explicación del rector con respecto a la llamada del supuesto paramilitar no se la cree ni la mamá de él, y las autoridades ni siquiera se han solidarizado ni menos dar explicación. Comunicadores y Pueblo todo...Digamos ¡Ya basta! La opción son las urnas. Y no nos olvidemos de la Cita: "Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen".

 

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